La Fortaleza informó que se presentó el Informe Final de la Junta Asesora Multisectorial sobre el Programa Medicaid de Puerto Rico, que describió como un análisis comprensivo que documenta las necesidades del sistema de salud de la isla.
El mismo resalta las consecuencias que tendría para Puerto Rico no atender la estructura desigual de financiamiento federal antes del año fiscal 2028.
Fue desarrollado con la participación multisectorial de agencias gubernamentales, proveedores de servicios de salud, centros de salud comunitarios, organizaciones de cuidado coordinado, representantes de beneficiarios y otros sectores vinculados al sistema de salud.
Sostiene que, actualmente, Medicaid brinda cubierta de salud a cerca del 40% de la población de Puerto Rico. Bajo el Consolidated Appropriations Act, 2023.
Recuerda que el porcentaje federal de asistencia médica, conocido como FMAP, aumentó temporeramente a 76 % hasta el año fiscal 2027, acompañado por aumentos en la asignación federal. Estos recursos han permitido ampliar la elegibilidad, incorporar servicios y fortalecer los reembolsos a proveedores.
El informe indica que de no producirse acción congresional, el financiamiento federal podría reducirse en aproximadamente $3,360 millones anuales, mientras el FMAP regresaría al 55 % establecido por ley.
“Este informe pone los datos sobre la mesa y demuestra por qué Puerto Rico necesita una solución para Medicaid. Estamos hablando del acceso a servicios de salud de miles de familias, adultos mayores, niños y personas con discapacidades. Hemos cumplido con las exigencias federales, fortalecido la fiscalización del programa y utilizado los recursos adicionales para ampliar servicios y mejorar el acceso. Ahora corresponde trabajar unidos para lograr en el Congreso una estructura de financiamiento que le brinde estabilidad a nuestro sistema de salud más allá de 2027”, expresó la gobernadora Jenniffer González en declaraciones escritas.
Entre las alternativas planteadas por el informe se encuentra eliminar el límite o allotment ceiling establecido bajo la Sección 1108 de la Ley del Seguro Social y utilizar para Puerto Rico la misma fórmula que se emplea para calcular el FMAP de los estados, lo que, según el informe, probablemente produciría un FMAP de aproximadamente 83 %.
El documento recalca que un aumento del FMAP debe estar acompañado por un aumento o eliminación del límite de fondos federales para evitar que Puerto Rico agote su asignación más rápidamente.
Además, se plantea ampliar la participación de Puerto Rico en programas federales actualmente no disponibles en igualdad de condiciones, incluyendo pagos para hospitales que atienden una proporción significativa de pacientes sin seguro o con cubierta insuficiente; acceso al Medicare Savings Program para ayudar a beneficiarios de bajos ingresos con primas y costos compartidos de Medicare; y acceso a Long-Term Services and Supports (LTSS). Si no hubiese fondos suficientes para implantar LTSS en toda la isla, el documento propone considerar un programa piloto regional.
El documento también establece que la estrategia ante el Congreso debe ser bipartita y multisectorial, incorporando al Gobierno, proveedores, organizaciones de cuidado coordinado y representantes de los beneficiarios alrededor de datos verificables sobre las necesidades y resultados del programa.
“El informe demuestra lo que hemos avanzado, pero también deja claro que una solución temporera no sustituye la estabilidad que nuestro sistema de salud necesita. Vamos a utilizar este documento como parte de nuestros esfuerzos ante el Congreso y el gobierno federal para lograr una solución de largo plazo”, concluyó la gobernadora.
